Ricardo López / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de Madrid, explica en una entrevista con Publicación de Sanidad Privada que el modelo Muface “debe continuar”, ya que “es un modelo válido y satisfactorio”, si bien, cree que “para que continúe, es necesario que las condiciones en las que prestan sus servicios las compañías de seguros médicos les permitan mantenerse”. Además, destaca el papel de la sanidad privada en la Comunidad, y asegura que los buenos indicadores que se alcanzan “son fruto del conjunto de la Sanidad”.

La privatización de la sanidad siempre se utiliza como arma arrojadiza en política, pero, ¿qué papel tiene en esta comunidad?

La sanidad privada desempeña un papel muy importante en Madrid. Algo más de dos millones de madrileños tienen una cobertura privada de sanidad, aparte de la pública, y la utilizan mucho. En este sentido, tiene una importancia específica realmente grande. Madrid tiene los mejores resultados en salud de toda España, la esperanza de vida media es de 82,96 años, la más alta no solo de España, sino de todas las capitales europeas. Estos y otros indicadores son fruto del conjunto de la sanidad madrileña, la pública sobre todo, y también la privada. Es fruto de los profesionales que trabajan en uno y otro sector, y de ambos estoy orgulloso.

¿Cómo podría aprovecharse esa colaboración con el sector privado, especialmente en tiempos de crisis?

Sin duda, hay que conseguir que todas las personas puedan recibir la mejor atención en el menor tiempo posible. La Consejería de Sanidad de Madrid también recurre, probablemente menos que otras CCAA gobernadas por el Partido Socialista, a una importante tarea concertada con el sector privado, bien en pruebas diagnósticas, bien en intervenciones quirúrgicas. Eso nos ha permitido cumplir con el compromiso de 30 días máximo para ser operado. Lo que no es normal ni natural es que tengamos un Partido Socialista tan anclado en dogmas de los años 70, que impida que pueda ver una relación natural con el sector privado.

Una de las reclamaciones que hace el sector privado es la desgravación fiscal en los seguros privados. Ana Pastor ha comentado que el Partido Popular está estudiando esta posibilidad a nivel nacional y ha dicho que alguna comunidad ya está pensando ponerlo en práctica. ¿Es el caso de Madrid?

El estudio del IDIS me parece que está muy bien hecho técnicamente, y destacaría el papel que está haciendo este organismo para promover el debate en este tipo de cuestiones. No me corresponde hablar de programa electoral, ni es el momento, pero mi opinión es que, desde el punto de vista de la gestión sanitaria, me parece positiva toda medida que contribuya a que haya personas que puedan descargar la actividad del sistema público acudiendo a un recurso privado, si ese es su deseo, y que tenga más opciones para hacerlo con libertad. Otra cosa que hay que valorar es desde el punto de vista fiscal, de hacienda y las finanzas, pero ya no me corresponde a mí. Estamos en un momento terriblemente malo para las finanzas públicas en toda España, y es un factor que debemos tener en cuenta.

Otro tema que preocupa al sector privado, y a la sanidad en general, es el de las mutualidades para funcionarios. Cíclicamente se escucha la posibilidad de que el Gobierno decida prescindir de este tipo de colaboración. ¿Le parece una buena fórmula de cobertura sanitaria para los funcionarios?

Es un modelo que funciona muy bien, sus usuarios, los funcionarios públicos se sienten satisfechos, y desde el punto de vista de la gestión sanitaria es positivo, porque contribuye a utilizar bien todos los recursos desde un ámbito de libertad de elección. Este Gobierno ha dado bastantes pasos en contra de este modelo. Se cargó las entidades colaboradoras, y eso es muy importante, ya que ha afectado a un alto número de personas. El Gobierno lo hizo de la noche a la mañana, sin pedir permiso ni perdón a nadie. Con Muface, por desgracia, ha dado bastantes signos de querer hacer algo parecido, pero se ha dado cuenta de la locura que significa suprimir este modelo. Creo que Muface debe continuar, es un modelo válido y satisfactorio. Para que continúe, es necesario que las condiciones en las que prestan sus servicios las compañías de seguros médicos les permitan mantenerse. Si dicen que mantienen Muface, pero ponen el listón muy alto para que no lo salten, es el equivalente a suprimirlo. Espero y confío en que los signos que ha dado últimamente el Gobierno de respetar el modelo Muface respondan a una realidad, y no nos encontremos con ninguna sorpresa el día menos pensado.

A nivel nacional, ¿qué balance hace de lo que llevamos de legislatura?

Es muy revelador que a la legislatura le queda una cuarta parte, un año, y parece que lleva mucho tiempo terminada. Hace mucho que el presidente del Gobierno debería haber convocado elecciones y haber dado paso por fin a un nuevo Gobierno que pudiera resolver la crisis económica, una circunstancia que ha repercutido en todos los sectores, y también en el sanitario. En este ámbito, creo que ha sido una legislatura desgraciadamente perdida, y gravemente perdida, porque estamos en un momento muy serio, de grandes dificultades. Hace poco más de un año hubo un acuerdo importante en el Consejo Interterritorial (CI), un acuerdo de bases con una agenda de temas a desarrollar a lo largo de los dos siguientes años, y el Ministerio directamente decidió que no iba a hacer nada. La sanidad nunca ha sido una prioridad para Zapatero; ahora, ni siquiera para el Ministerio de Sanidad, y eso ya es grave.

¿Ha influido en esa paralización el cambio de titular en el Ministerio de Sanidad?

Pienso que no, al contrario. La actual ministra, Leire Pajín, lleva unos meses en el cargo, pero es evidente que tiene que tener un tiempo lógico de adaptación. La responsabilidad principal se la achaco a la anterior ministra, a Trinidad Jiménez, quien sí conocía los temas, no tenía disculpa ninguna. En marzo cerramos un acuerdo, y después no llevó esos proyectos al Consejo de Ministros.

Desde que está Leire Pajín en el Ministerio, solo se ha reunido una vez el CI, y casi todos los consejeros reclaman una nueva convocatoria. Creo que se debía haber reunido más veces desde diciembre; en este cuatrimestre, al menos una o dos veces, para hacer algo, no para aparentar. Hay medidas que tomar y propuestas que hacer. Ahora queda poco tiempo para celebrarse las elecciones autonómicas, y no sé si tiene mucho sentido, porque todo está muy condicionado. En todo caso, si se convoca, asistiré.

¿Le parece que debería replantearse el funcionamiento del Consejo Interterritorial?

Creo en el estado autonómico conforme lo diseña la Constitución, que no es una confederación de 17 pequeños estados. Conviene que el CI hable mucho. Ya he asistido a cuatro reuniones, y me he dado cuenta de que cada vez duran menos tiempo.

Tal vez tampoco sea el momento de retomar las negociaciones por el Pacto de Estado, no solo por las elecciones autonómicas, sino también por la proximidad de las generales. ¿Está de acuerdo?

El Pacto estaba contemplado en los acuerdos del CI celebrado el 18 de marzo de 2010. Lo que hay que hacer es ponerlo en ejecución. En aquel momento, y creo que ahora también, había voluntad por parte de todas las CCAA de desarrollar algo que solo estaba esbozado. Debería haber llegado ese momento de desarrollo, al que no se ha querido llegar. Ya no es cuestión de escenificar otra vez ningún pacto, sino de ponerse a trabajar, que es lo que este Gobierno no hace.

Esto coincidió con otra desgraciada idea, a mi modo de ver, que fue poner en manos de Gaspar Llamazares un supuesto Pacto de Estado parlamentario que, evidentemente, fue imposible. Llamazares es un señor comunista, y esto es una adscripción, no una valoración. Como médico, se ha formado en Cuba. Se pone a redactar un borrador de Pacto de Estado, y le sale el modelo comunista de alguien formado en Cuba. Eso, evidentemente, un partido como el mío no lo puede apoyar; es obvio. Por ese camino no era posible.